El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, se declaró hoy incompetente para modificar la asignación de locales y mesas de votación en La Matanza, un pedido que había realizado el intendente de ese municipio, Fernando Espinoza.
La resolución del magistrado, emitida el viernes, respondió a los reclamos del jefe comunal y del gobernador, Axel Kicillof, quienes manifestaron su preocupación por un cambio “sorpresivo” que, según afirmaron, podría afectar la participación electoral.
A pesar de su decisión, Ramos Padilla presentó un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación” y suspendió el proceso de notificación de autoridades de mesa en el distrito.
El conflicto se había originado tras la difusión de un nuevo esquema de asignación de mesas en la Provincia. Espinoza solicitó la suspensión de los cambios y el regreso al esquema de 2023. En la misma sintonía, Kicillof afirmó que las modificaciones “conspiran contra la voluntad” de la gente.
En su resolución, Ramos Padilla analizó los alcances de una decisión previa de la Cámara Nacional Electoral, que le había ordenado dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 -La Matanza- derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos”.
El magistrado explicó que su tribunal carece de atribuciones para intervenir en el proceso electoral provincial del 7 de septiembre, ya que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
El juez citó la Constitución Nacional y la provincial para respaldar su decisión. Ramos Padilla sostuvo que “la colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”.
En su informe, el juzgado explicó que no se trató de un “replanteo general de los establecimientos de votación”, sino de un “desplazamiento natural” por el aumento del padrón y otras adecuaciones.
El magistrado también descartó la posibilidad de replicar exactamente el esquema de 2023, ya que, según detalló en el fallo, “no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara”.
De esta forma, la decisión final sobre la ubicación de mesas y locales de votación en La Matanza quedó en manos de la Junta Electoral bonaerense, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo presentado por el juez federal.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
La resolución del magistrado, emitida el viernes, respondió a los reclamos del jefe comunal y del gobernador, Axel Kicillof, quienes manifestaron su preocupación por un cambio “sorpresivo” que, según afirmaron, podría afectar la participación electoral.
A pesar de su decisión, Ramos Padilla presentó un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación” y suspendió el proceso de notificación de autoridades de mesa en el distrito.
El conflicto se había originado tras la difusión de un nuevo esquema de asignación de mesas en la Provincia. Espinoza solicitó la suspensión de los cambios y el regreso al esquema de 2023. En la misma sintonía, Kicillof afirmó que las modificaciones “conspiran contra la voluntad” de la gente.
En su resolución, Ramos Padilla analizó los alcances de una decisión previa de la Cámara Nacional Electoral, que le había ordenado dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 -La Matanza- derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos”.
El magistrado explicó que su tribunal carece de atribuciones para intervenir en el proceso electoral provincial del 7 de septiembre, ya que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
El juez citó la Constitución Nacional y la provincial para respaldar su decisión. Ramos Padilla sostuvo que “la colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”.
En su informe, el juzgado explicó que no se trató de un “replanteo general de los establecimientos de votación”, sino de un “desplazamiento natural” por el aumento del padrón y otras adecuaciones.
El magistrado también descartó la posibilidad de replicar exactamente el esquema de 2023, ya que, según detalló en el fallo, “no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara”.
De esta forma, la decisión final sobre la ubicación de mesas y locales de votación en La Matanza quedó en manos de la Junta Electoral bonaerense, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo presentado por el juez federal.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
