El Municipio consiguió que el Poder Judicial dictara una medida protectiva ante las tasas excesivas, la información engañosa y el hostigamiento reiterado denunciados por vecinos y vecinas en relación con ocho organismos de crédito.
La intervención del Municipio de Morón, a instancias del intendente Lucas Ghi, en articulación con la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), permitió obtener una medida cautelar para frenar una situación que afectaba a familias de la comuna. Frente a la necesidad de acceder a asistencia crediticia, estas quedaban expuestas a condiciones que agravaban su situación económica.
El Municipio solicitó información transparente, clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Morón reconoció que el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz se encuentra protegido por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por la Ley de Defensa del Consumidor.
En el mismo sentido, el tribunal señaló la importancia de prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre sectores que recurren al crédito no bancario y que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La medida protectiva ordenó a las entidades de crédito cesar inmediatamente la publicación de tasas y costos financieros que no se correspondan con el cálculo establecido por la normativa del Banco Central de la República Argentina. Asimismo, las empresas deberán publicar, dentro de los dos días de ser notificadas, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) correctamente calculado, con IVA incluido, tanto en su valor mínimo como máximo, junto con todos los gastos asociados a la operación y un ejemplo representativo del costo de un crédito.
Con esta iniciativa, el Municipio ratifica su compromiso con las familias sobreendeudadas y con la defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras, promoviendo acciones concretas frente a prácticas financieras abusivas.
La resolución judicial sienta, además, un precedente para que el resto de los actores del sistema financiero actúen con responsabilidad y transparencia, evitando abusos contra quienes recurren al crédito como una herramienta para afrontar sus necesidades.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
La intervención del Municipio de Morón, a instancias del intendente Lucas Ghi, en articulación con la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), permitió obtener una medida cautelar para frenar una situación que afectaba a familias de la comuna. Frente a la necesidad de acceder a asistencia crediticia, estas quedaban expuestas a condiciones que agravaban su situación económica.
El Municipio solicitó información transparente, clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Morón reconoció que el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz se encuentra protegido por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por la Ley de Defensa del Consumidor.
En el mismo sentido, el tribunal señaló la importancia de prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre sectores que recurren al crédito no bancario y que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La medida protectiva ordenó a las entidades de crédito cesar inmediatamente la publicación de tasas y costos financieros que no se correspondan con el cálculo establecido por la normativa del Banco Central de la República Argentina. Asimismo, las empresas deberán publicar, dentro de los dos días de ser notificadas, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) correctamente calculado, con IVA incluido, tanto en su valor mínimo como máximo, junto con todos los gastos asociados a la operación y un ejemplo representativo del costo de un crédito.
Con esta iniciativa, el Municipio ratifica su compromiso con las familias sobreendeudadas y con la defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras, promoviendo acciones concretas frente a prácticas financieras abusivas.
La resolución judicial sienta, además, un precedente para que el resto de los actores del sistema financiero actúen con responsabilidad y transparencia, evitando abusos contra quienes recurren al crédito como una herramienta para afrontar sus necesidades.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
