El intendente de Morón, Lucas Ghi, no asistió a la interpelación convocada por el Concejo Deliberante para dar explicaciones por el caso de Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria municipal desplazada luego de que en un allanamiento en su domicilio de Castelar se encontrara casi medio kilo de cocaína y elementos vinculados a la comercialización de drogas. En su lugar, el encargado de responder ante los concejales fue el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien durante más de cuatro horas buscó defender la posición del Ejecutivo, pero terminó dejando expuestas varias contradicciones con el propio jefe comunal.
La ausencia de Ghi fue uno de los puntos políticos más fuertes de la jornada. Distintos ediles que participaron de la interpelación remarcaron que esperaban la presencia del intendente, en medio de una crisis que golpea de lleno al gobierno municipal por la designación de Ortigoza en el área de Género y por su actual situación judicial, ya que continúa prófuga tras los operativos ordenados en el marco de la causa.
Cardoso intentó separar al Municipio de las derivaciones más sensibles del expediente y, al mismo tiempo, reivindicó el rol de la Secretaría de Seguridad en la prevención del delito. Ese doble movimiento generó uno de los ejes más incómodos de la interpelación: por momentos, el funcionario destacó una intervención activa del área en investigaciones y operativos; en otros, tomó distancia de los allanamientos que terminaron con el hallazgo de droga en la vivienda de la exdirectora municipal.
La primera contradicción fuerte apareció en torno al origen de los operativos. Cuando el caso tomó estado público, el Municipio había difundido un comunicado en el que afirmaba que los allanamientos habían sido “impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito”. Sin embargo, ante los concejales, Cardoso sostuvo que el área no tenía conocimiento previo de esos procedimientos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación.
Ese punto abrió una sospecha política que sobrevoló buena parte del debate: si la Secretaría de Seguridad había impulsado o no los allanamientos, y si alguien pudo haber anticipado información sensible antes de los operativos. La situación de Ortigoza, que permanece prófuga, profundizó los cuestionamientos opositores y obligó al funcionario a ensayar explicaciones sobre el alcance real de la participación municipal.
Cardoso también se desmarcó de otra afirmación previa de Ghi. El intendente había buscado relativizar la responsabilidad política sobre Ortigoza al señalar que la funcionaria “venía de otras gestiones”. Pero el secretario de Seguridad respondió que había sido nombrada por el propio Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020, un dato que volvió a colocar al Ejecutivo en el centro de la discusión por los controles internos y los criterios de designación.
La tercera diferencia se produjo sobre el perfil de la exfuncionaria. Mientras desde el oficialismo se había intentado presentar a Ortigoza como parte de un recorrido administrativo heredado o preexistente, Cardoso descartó que contara con formación específica para desempeñarse en políticas de Género. Esa respuesta volvió a incomodar al gobierno local, porque dejó abierta la pregunta sobre por qué ocupaba un cargo sensible dentro de la estructura municipal.
El cuarto contrapunto tuvo un contenido más político. En los últimos días, sectores del oficialismo habían denunciado que la interpelación formaba parte de una maniobra destituyente contra Ghi. Lejos de reforzar esa lectura, Cardoso afirmó ante los concejales que le parecía correcto el debate institucional y que los ediles tenían derecho a recibir explicaciones. Con esa frase, el funcionario desautorizó la estrategia discursiva del luquismo y terminó validando el reclamo del Concejo.
Durante su exposición, el secretario de Seguridad dedicó buena parte de su intervención a defender la gestión del área y a remarcar medidas vinculadas al combate del delito en Morón, un distrito atravesado por fuertes reclamos vecinales por robos, entraderas, sustracción de automotores y narcomenudeo. También aprovechó la interpelación para insistir con la necesidad de crear una policía local y elogió modelos de seguridad de otros municipios, entre ellos San Miguel y Tres de Febrero, gobernados por espacios opositores al oficialismo local.
La figura de Cardoso tampoco pasó inadvertida en el debate político. Exdiputado provincial del PRO entre 2007 y 2011, ocupa un lugar particular dentro del gabinete de Ghi por su perfil vinculado a posiciones de mano dura en materia de seguridad. Además, mantiene relación con la ONG Control Ciudadano, asociada al empresario Ariel Diwan, referente de La Libertad Avanza en Morón.
La interpelación se extendió durante cuatro horas y media, con cruces tensos pero dentro de un marco de respeto institucional. Sin embargo, el resultado político dejó al oficialismo en una posición incómoda: el intendente no fue al Concejo, el funcionario que lo representó no logró despejar las dudas centrales del caso y varias de sus respuestas terminaron chocando con declaraciones previas del propio Ghi.
En los pasillos del Concejo Deliberante, la lectura que predominó fue que Cardoso buscó preservar su área, tomó distancia de las zonas más comprometidas del escándalo y terminó contradiciendo al intendente en puntos clave. Mientras tanto, la causa judicial sigue abierta, Ortigoza continúa prófuga y el gobierno municipal de Morón no logró cerrar una crisis que ya dejó de ser solo judicial para convertirse en un problema político de primer orden.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
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