La Justicia Federal de San Martín reconoció como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez de 1956, los hechos que Rodolfo Walsh reconstruyó en Operación Masacre, y atribuyó responsabilidad al Estado argentino por la planificación y ejecución del operativo.
La sentencia fue dictada en el marco del expediente 41.041 y representa una reparación histórica para las familias de las víctimas, a casi 70 años de los hechos. El fallo también ordenó una serie de medidas de memoria, reparación y reconocimiento público.
La noche del 9 de junio de 1956 fueron detenidos Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta. Cinco de ellos fueron asesinados: Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión. Los otros siete lograron sobrevivir.
Según tuvo por acreditado la Justicia, durante la madrugada del 10 de junio, por órdenes impartidas por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida. Las doce personas que se encontraban allí fueron detenidas, trasladadas inicialmente a la comisaría de San Martín y luego llevadas a un descampado de José León Suárez, donde se produjeron los fusilamientos.
La resolución encuadró los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Además, atribuyó responsabilidades a las máximas autoridades de la dictadura de entonces y a los funcionarios policiales que intervinieron en el operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno.
Aunque todos los responsables se encuentran fallecidos, la sentencia estableció la responsabilidad penal que les habría correspondido y determinó que la pena aplicable hubiera sido la de prisión perpetua.
Uno de los testimonios centrales del Juicio por la Verdad fue el de Juan Carlos Livraga, sobreviviente de los fusilamientos, quien declaró desde Estados Unidos a los 96 años. Durante las audiencias, realizadas durante tres días en el Auditorio Hugo del Carril, también declararon familiares de las víctimas, muchos de ellos por primera vez en una instancia judicial.
En ese marco, estuvo presente el Equipo de Acompañamiento “Dra. Silvia Bleichmar”, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que brindó asistencia a los familiares durante el proceso.
Además de la declaración judicial, el fallo dispuso distintas medidas reparatorias. Entre ellas, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y sobrevivientes; la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la Provincia; la incorporación de los hechos probados en los diseños curriculares educativos; y la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
También se ordenó la creación de un sitio de la memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, donde actualmente se encuentra emplazado un monumento, y la incorporación de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 16 de julio. Para los familiares, el fallo constituye un acto de reparación histórica y un reconocimiento judicial de la responsabilidad estatal en uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política previa a la última dictadura militar.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
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