La Justicia avanzó en la investigación por la ola de amenazas de tiroteos en escuelas del conurbano y logró identificar a varios alumnos involucrados en hechos ocurridos en Moreno y General Rodríguez. En ese marco, la fiscalía solicitó embargos sobre los bienes de sus padres por los costos generados en los operativos de seguridad.
Según se informó, el jueves pasado se registraron unas 70 denuncias en establecimientos educativos del distrito judicial. A partir de esa situación, la investigación permitió identificar a siete menores, entre ellos dos de 16 años que son punibles.
Con esos datos, este martes se realizaron siete allanamientos a cargo de la DDI local. Algunos procedimientos dieron resultado positivo: se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales como parte de las amenazas, además de celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública y citados a indagatoria. Deberán presentarse junto a sus padres ante la Justicia.
En paralelo, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a las fiscales Érica Chiessi y Solange Castelli, impulsó el pedido de embargo contra las familias. La medida deberá ser definida por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, y el monto será determinado en base a los gastos que demandaron los operativos y la investigación.
Fuentes del caso indicaron que, si bien en estos episodios no se suspendieron las clases, se contabilizarán los costos derivados del despliegue policial y de los cambios en los protocolos de seguridad en las escuelas.
El avance judicial se da en un contexto de fuerte preocupación por este tipo de amenazas, que en los últimos días se multiplicaron en distintos puntos del país, muchas veces a través de mensajes en redes sociales o pintadas en los establecimientos educativos.
En ese sentido, desde distintos distritos comenzaron a analizar medidas para que las familias de los menores involucrados afronten los costos de los operativos. La base legal se apoya en el Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos bajo su cuidado.
La investigación continúa con el análisis de dispositivos electrónicos y material incautado, con el objetivo de determinar el alcance de las amenazas y si existen más personas involucradas.
Fuente: (Zona Oeste Diario)
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